Desde que terminé de escribir la anterior entrada, en mayo del 2021, durante el segundo estallido social más grande en Colombia en los últimos diez años, los alcances del paradeisos digital se han extendido a lo largo y ancho del planeta y en particular en Latinoamérica.

El 10 de agosto del 2026, en uno de sus primeros actos como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella —un acólito de Trump y autoproclamado primer presidente republicano de Colombia—, declaró la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado ilegalmente por Israel desde 1967, convirtiéndose en la segunda nación perteneciente a la ONU, aparte de Estados Unidos, en reconocer el control de Israel sobre esta zona. Poco antes de su posesión, el 7 de agosto, banderas de Israel y bufandas de futbol con la Estrella de David ya habían empezado a aparecer en las glorietas de la ciudad junto con la bandera y la camiseta de la selección de futbol de Colombia. Durante la posesión presidencial los colombianos vimos a un cura católico, un pastor evangélico y un rabino entre los delegados. Por un lado, desde 1991 Colombia es un país laico, ¿así que qué hacían representantes de la iglesia católica y evangélica en un acto oficial del gobierno? Por el otro, ¿qué hacía un rabino en un país donde se estima que la población judía oscila entre el 0.003 y el 0.008 por ciento de la población del país?

Unos días después, el 15 de agosto, el presidente decidió suspender la programación de noticias e opinión de las 20 emisoras de paz de RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia) creadas bajo el acuerdo de paz del 2016, dejando estas regiones a merced de la información de las emisoras privadas que operan en el territorio nacional, en una jugada que hace peligrar la libertad de prensa en los territorios. Como si esto no bastara también ha planteado retirar a Colombia de la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una movida que podría dejar a millones de víctimas sin protección legal si llegase a fallar el sistema judicial del país.

Semana tras semana los colombianos hemos tenido que ver como el nuevo presidente ha ejercido presión financiera a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), organismo judicial creado para ejercer justicia transnacional luego del acuerdo de paz del 2016, lo cual podría desembocar en que Colombia incumpla los compromisos adquiridos ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional; o cómo levantó la restricción al porte general de armas de fuego que regía en el país desde 2018, una medida que debilita el monopolio de las armas por parte del estado y eleva exponencialmente la posibilidad de violencia civil e intrafamiliar en un país con un historial de violencia política que se extiende al momento mismo de su fundación. Se podría especular que el nuevo presidente pretende dar la posibilidad a la población civil de armarse para tener la excusa de reprimirlos si la violencia viene del “sector equivocado” de la población.

No es difícil darse cuenta de que todas estas medidas, el silenciamiento y la represión de las instituciones democráticas, el acoso judicial a la libertad de prensa, el desprecio por los protocolos institucionales, la violación de la neutralidad religiosa y la estigmatización del proceso de paz, han sido sacadas del manual de operaciones del gobierno de Donald Trump. Lo que la mayor parte del país aún no parece notar, es que este nuevo estilo de gobierno hace parte de un nuevo y más grande patrón de colonización por parte de los Estados Unidos llamado la Gran Norteamérica, un concepto geopolítico presentado por el Secretario de Guerra de los Estados Unidos Pete Hegseth, según el cual todas las tierras y estado soberanos al norte del Ecuador —desde Alaska hasta Guyana y desde Groenlandia al Ecuador—, hacen parte del perímetro inmediato de seguridad de los Estados Unidos su, digamos, lebensraum.

Este espacio vital de los Estados Unidos —a la vez causa y producto del colonialismo gringo de los siglos XIX y XX en América Latina—, se ha venido acelerando y tecnificando mediante su convergencia con la derecha alternativa y el libertarismo surgido de Silicon Valley. Los bajos niveles de gobernanza y las altas tasas de corrupción en regiones como Centroamérica han resultado especialmente funcionales a este proceso y han convertido a países como Honduras en laboratorios libertarios. Un concepto central para este tipo de proyectos es el Network State del empresario e inversor Balaji Srinivasan: una comunidad que surge primero en Internet, articula a sus miembros en torno a valores o fines compartidos, desarrolla capacidades de coordinación económica y política y, con el tiempo, busca adquirir un territorio físico. La excepción económica, jurídica y soberana ocupa un lugar central en esta configuración extraestatal que, al sustraer determinados espacios y actores de los marcos institucionales existentes, erosiona la capacidad de gobierno de los Estados-nación que albergan estos experimentos y favorecer formas abiertas de despolitización.

El ejemplo más visible de esta nueva forma de tecnocolonialismo es el enclave Próspera, en la isla hondureña de Roatán, constituida bajo el régimen de las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), un marco jurídico impulsado durante la presidencia de Juan Orlando Hernández que concedía a estas jurisdicciones amplias facultades para establecer normativas propias, regímenes fiscales especiales y mecanismos independientes de arbitraje. Concebida para atraer inversión y emprendimiento internacional —particularmente en sectores tecnológicos como la biotecnología, las finanzas digitales, la inteligencia artificial y otras industrias altamente reguladas—, Próspera funciona como una auténtica zona de excepción para la experimentación económica y tecnológica. Estos experimentos marcan la aparición de un nuevo tipo de paradeisos: la atalaya de un parque de cacería libertario en el que la excepción soberana, jurídica y económica al servicio de las élites tecnológicas que crearon el capitalismo de vigilancia.

Si las ZEDE aspiraban a crear espacios parcialmente sustraídos del orden jurídico y político nacional, las filtraciones conocidas bajo el nombre de Hondurasgate apuntan hacia la construcción paralela de un régimen de excepción en el terreno de la información, la vigilancia y las comunicaciones. Las grabaciones difundidas desde abril de 2026 atribuyen a figuras políticas hondureñas conversaciones sobre operaciones mediáticas destinadas a desacreditar a los gobiernos progresistas de Colombia y México. Una nueva tanda de audios publicada en julio añadió a este cuadro un supuesto proyecto de vigilancia digital que, según las conversaciones filtradas, dependería de la colaboración de las operadoras Tigo y Claro y de tecnología vinculada a operadores israelíes, para obtener información sobre las comunicaciones realizadas al interior de Honduras. A ello se sumaron versiones sobre iniciativas destinadas a reducir el anonimato en redes y medios digitales, aunque hasta ahora no existe documentación pública que permita establecer que tales propuestas hayan sido formalmente convertidas en ley. Desde la perspectiva que venimos desarrollando, esta progresiva desanonimización del espacio digital señalaría el tránsito del paradeisos virtual a un parque de cacería físico: un entorno en el que la identidad, los vínculos y los patrones de comunicación de los individuos pueden convertirse en objetos de captura, perfilamiento y vigilancia, haciendo posible mapear redes legítimas de disidencia y anticipar —o incluso intentar neutralizar—, formas de oposición antes de que lleguen a consolidarse.