El fin del programa Bracero obligó a los Estados Unidos y México a desarrollar nuevas iniciativas que permitieran la cooperación laboral entre los dos países. Esta alternativa surgió en 1965 con el BIP (Border Industrialization Program) conocido en México como Programa Maquila, que tenía como objetivo bajar las restricciones e impuestos a la maquinaria y las materias primas a lo largo de la frontera con el fin de producir bienes para exportación a bajo precio y atraer inversión extranjera. El BIP estaba apalancado en un programa mexicano de infraestructura llamado ProNaF (Programa Nacional Fronterizo) que se encargó de construir carreteras y fábricas y de proveer a las ciudades fronterizas de parques, agua y electricidad para mejorar la situación en la frontera. El programa Maquila hizo uso de algunas de las fábricas construidas con fondos de ProNaF para su operación.
La definición más completa del concepto y alcances de una maquiladora la ofrece Katherine Pantaleo, socióloga de la Universidad de Pennsylvania:
El nombre oficial de los talleres de explotación [sweatshops] en México es “maquiladoras”, que pueden definirse como “plantas de ensamblaje de propiedad extranjera en México [donde] las empresas importan maquinaria y materiales libres de impuestos y exportan productos terminados a todo el mundo” (CorpWatch 1999). El ochenta por ciento de la multimillonaria industria maquiladora es propiedad de los Estados Unidos y se encuentra a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México (Portillo 2001). A partir de mediados de la década de los setenta, las maquiladoras fueron diseñadas no sólo para traer más riqueza y empleo a las ciudades del norte de México, sino también para proporcionar mano de obra barata a las empresas multinacionales fuera del país. En palabras de Sheryl Lindsley (1999), “la industria maquiladora es representativa de los enlaces internacionales que prevalecen en la economía global actual”.1
La idea de aprovechar la “permeabilidad” de una frontera, su carácter de umbral, para filtrar maquinaria y exportar productos terminados pagando impuestos y aranceles reducidos, es decir, para construir una excepción económica, no es nueva en absoluto. Su expresión más común, desde el punto de vista del consumo, son las tiendas libres de impuestos que se encuentran más allá de emigración, ese gris legal que ocurre en cualquier aeropuerto internacional.
Según la activista y escritora canadiense Naomi Klein, el concepto de las zonas de libre comercio es tan antiguo como el comercio mismo, pero advierte que adquirieron estas adquirieron «más importancia económica durante la época colonial, cuando ciudades enteras, como Hong Kong, Singapur y Gibraltar fueron convertidas en “puertos libres” desde los que el botín del colonialismo se podía enviar sin peligro a Inglaterra, a Europa o a Estados Unidos pagando reducidos aranceles de exportación»2. Desde un principio imperios como el británico entendieron que el colonialismo es tanto una modalidad de expansión territorial y política como económica, modelo que determina que el poder militar sea inseparable del poderío mercantil. Lo que es nuevo en el modelo de la maquiladora es que no solo es el procesamiento comercial sino la producción misma de los artículos de consumo la que está sucediendo en estos lugares y, por tanto, que la producción se ha movido repentinamente al terreno de la excepción. Cabe recordar entonces la definición de Agamben de campo como «el espacio que se abre cuando el estado de excepción empieza a convertirse en regla» (7.26).
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