And as the Strangefolk mined deeper and deeper into the mountain,
holes began to appear, bringing with them a cold and bitter wind
that chilled the very soul of the Monkey
Gorillaz feat. Dennis Hopper, Fire Coming Out of the Monkey’s Head
A pesar de las pretensiones de inmaterialidad de las “economías de conocimiento”(10.9), la mayoría de trabajadores del sector tecnológico —como ya vimos en el caso de Foxconn—, están lejos de estar a salvo de las condiciones de trabajo de un taller de explotación. Esta es un legado que el sector de la tecnología recibió de las políticas de subcontratación del sector de la manufactura que estudiamos en el capítulo 8. Amazon por ejemplo, en su faceta de empresa logística, hace uso de políticas de empleo supuestamente “pre-digitales”. Nick Srnicek al respecto:
Amazon tiene una notoriamente mal paga fuerza laboral de trabajadores de depósitos que están sujetos a sistemas de vigilancia y control increíblemente abarcadores. Estas compañías continúan sin más la tendencia secular de deslocalización de los trabajadores poco calificados mientras mantienen un núcleo de trabajadores calificados y bien pagos.1
Esta continuidad entre el sector de la manufactura y la tecnología es llevada al extremo por modelos de negocio como el de Uber, «que depende de un modo de generar beneficios virtualmente desprovisto de activos»2. Esta situación se vio alentada por la pauperización de la clase media global después del 2008, que le dio a este modelo de negocios una fuerza de trabajo desesperada por encontrar cualquier tipo de empleo (8.20). No obstante, en años recientes la deslocalización (outsourcing) de la que habla Srnicek no ha estado atada a la geografía, y el carácter de umbral de las redes digitales permite la creación de una deslocalización localizada, es decir el aprovechamiento de la llamada gig economy (economía de trabajo temporal) para la subcontratación de servicios de reparto, una jugada que ha llevado a la creación de maquilas virtuales —grupos temporales de trabajadores independientes que carecen de beneficios—, que abarcan a buena parte de la clase media (y baja) a escala global. Según Srnicek, «los cálculos de una demanda colectiva estiman que Uber les debería a sus choferes, si fueran empleados, 852 millones de dólares».3
El caso de Rappi, un startup colombiano de domicilios, es bastante revelador: según una encuesta del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, el 57% de rappitenderos (el “nombre de marca” de los trabajadores la empresa) son venezolanos entre los 18 y 35 años, de los cuales 91.2% no están afiliados al sistema nacional de riesgos laborales, lo que significa que no cotizan salud y pensión y carecen de prestaciones sociales. Más de la mitad de trabajadores de un startup de tecnología podrían entrar fácilmente en la categoría de refugiados; la forma más reciente de la definición de campo de Agamben (lo que ocurre cada vez que la excepción se convierte en regla) es virtual. Por otra parte, este es un agujero en el sistema de salud y pensiones que podría resultar problemático a mediano y largo plazo para el futuro de las pensiones un país como Colombia y, en efecto, probablemente para cualquier país desarrollado. El primer mundo alcanzando al tercero.
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